La Auditoría Superior del Estado, como parte integrante del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, tiene a su cargo por mandato constitucional una de las funciones más importantes en el combate a la corrupción, consistente en la fiscalización y revisión de la cuenta pública del estado y los municipios, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Para lograr cumplir con esta tarea, se deben realizar diversas actividades que requieren conocimientos técnicos y especializados para la revisión y evaluación del presupuesto a cargo de los entes públicos, así como la correcta ejecución de la auditoría gubernamental; ello obliga a este Órgano de Fiscalización Superior a que de manera permanente se actualicen los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas para obtener los resultados que la ley y la sociedad exige.

En este sentido y para realizar la función fiscalizadora conforme al principio de legalidad que rige nuestro actuar, año con año se lleva a cabo una revisión minuciosa del marco legal, sabedores que las normativas en el servicio público se encuentran en constante actualización para hacer frente a las necesidades del momento que vive nuestro estado y sociedad; lo anterior, hace indispensable tener la certeza de la legislación que debemos aplicar, permitiendo con ello seguir consolidando a la Auditoria Superior del Estado, como una institución sólida, confiable, objetiva y neutral que contribuya a la transparencia y al desarrollo estructural del Estado.

Derivado de la más reciente revisión de nuestro marco legal, la ASE Chiapas pone a su disposición la compilación jurídica digital 2022 denominada: Codificación de Leyes, Normatividad Legal y Técnica, relacionadas con la Revisión y Fiscalización Superior y la organización interna de la Auditoría Superior del Estado; instrumento de apoyo a las diversas áreas que conforman la institución y para las demás instituciones públicas, con el interés común de contar con una base jurídica de consulta.

Mtro. José Uriel Estrada Martínez